En Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) establece un marco jurídico que obliga a todas las organizaciones, incluidas entidades financieras, cooperativas y organizaciones no gubernamentales (ONGs), a garantizar la privacidad y seguridad de los datos que manejan. Sin embargo, cada sector enfrenta desafíos particulares debido a la naturaleza de la información que procesa y a las expectativas de los titulares de datos.
En el caso de los bancos y cooperativas, el manejo de datos financieros es especialmente delicado. Información sobre cuentas, transacciones, historiales crediticios o inversiones constituye un dato personal sensible que, de ser vulnerado, puede generar daños patrimoniales y reputacionales graves. La LOPDP exige la implementación de medidas técnicas y organizativas robustas para evitar filtraciones, accesos no autorizados o uso indebido.
Las ONGs, por su parte, gestionan información de beneficiarios, donantes y colaboradores. En muchos casos, esta información revela datos sobre situación socioeconómica, estado de salud, creencias religiosas o afiliaciones políticas, todos ellos clasificados como datos sensibles bajo la ley.
La Superintendencia de Protección de Datos ha recibido decenas de denuncias, principalmente contra entidades bancarias, empresas de cobranzas y operadoras telefónicas. Las quejas se centran en contactos no autorizados, envío de comunicaciones sin consentimiento y uso indebido de bases de datos. Este contexto deja claro que estos sectores están bajo observación y deben reforzar sus políticas de privacidad.
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